Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

VIOLENCIA Y GUARDIA NACIONAL

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 25-02-19)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

“Lo notable de ahora es que no ha habido ninguna revolución ni una destrucción formal del orden y sin embargo es una violencia que se asemeja a aquellas cuando no estaba presente el Estado". Lorenzo Meyer, historiador del Colegio de México

Tal parece que para Lorenzo Meyer, la violencia en México, es imparable por su liga con un proceso histórico sin precedente de corrupción política que genera límites difusos entre gobierno y crimen organizado. Antes de la crisis actual, los periodos de violencia, habían estado vinculados a una lucha por destruir y transformar el orden político vigente. En el período actual, la ausencia de este componente revolucionario, hace que la violencia no tenga precedentes en la historia del país de nunca jamás. En 2017, alcanzó niveles máximos: 31,174 homicidios en el año, a razón de 25 muertos por cada 100,000 habitantes. En 2018, en los primeros ocho meses, se registraron 22,411 homicidios, y en las primeras cifras de este año donde no todo pinta bien, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), muestra alzas en homicidios y secuestros, y una persistencia en la mayoría de los niveles criminales del fuero común y federal. En el caso de los plagios, el registro pasó de 112 víctimas en diciembre a 164 en enero. En homicidios dolosos, hay 5 mil 840 personas asesinadas en el bimestre, incluidos 149 feminicidios.

La historia sinfín, inicia en 2006 cuando Felipe Calderón diez días después de haber rendido protesta como presidente de la República, inició el combate frontal al narcotráfico mediante el despliegue de 10 mil elementos del Ejército y Armada de México en diferentes estados del país que se sumaron a los esfuerzos de la Policía Federal y así, evitar que las amenazas a la seguridad pública se convirtieran en una amenaza a la seguridad nacional. Después, Enrique Peña Nieto se comprometió a reducir al menos en un 50% la tasa de homicidios y secuestros en el país. Pero las estadísticas tampoco le dieron la razón: tan solo en sus dos primeros meses de gobierno fueron asesinadas 1,758 personas, cifra que superó al total de homicidios del 2012. El mismo Peña Nieto aceptó unos meses antes de concluir su mandato que el modo de actuar no fue el correcto: “Hoy reconocemos que en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer. Sigue siendo todavía uno de los retos mayores, quizá el de mayor necesidad de acometer para que realmente nuestro país alcance condiciones de plena paz y de plena tranquilidad”.

Una vez electo, Andrés Manuel López Obrador, convocó a los Foros de Escucha para Trazar la Ruta de la Pacificación del País y Reconciliación Nacional, pero, la mala organización, la falta de medidas de seguridad hacia los participantes, la ausencia de las autoridades y la nula claridad en los objetivos fueron algunos de los motivos por los cuales víctimas, activistas y académicos calificaron al ejercicio como un “desastre”. Sin embargo, algunas de las conclusiones se pudieron rescatar: la apertura de juzgados especializados en los principios de justicia transicional y justicia restaurativa, el acompañamiento a familiares de las víctimas, una nueva normativa en el uso de armas de fuego y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Por su parte, López Obrador, se comprometió a fortalecer la formación en derechos humanos en militares, marinos y policías, apoyar la búsqueda de desaparecidos y no usar la fuerza para reprimir a los ciudadanos.

El nuevo gobierno propuso su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, el cual  se centra en la creación de una Guardia Nacional integrada por policía militar, policía naval y policía federal para ejercer las tareas de seguridad pública, ya que, en palabras del propio presidente, a nivel federal, estatal y municipal la policía presenta una “falta de profesionalismo e integridad”. Algunos de los puntos estratégicos son: la erradicación de la corrupción, la consolidación de programas que garanticen el empleo y el combate a la pobreza, el respeto a los derechos humanos y la regeneración ética de la sociedad. Sin embargo, el plan presenta lagunas en cuanto a acciones concretas para atender la crisis de violencia, pues deja fuera temas relevantes como la procuración de justicia y la investigación. En el caso de los desaparecidos, el documento solamente menciona que “se hará lo humanamente posible para esclarecer su paradero y se buscará la construcción de la paz y la reconciliación con base en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de los crímenes cometidos”, pero no se habla de los organismos que se dedicarán a ello ni de las estrategias a seguir. Lo que parece indicar que las carpetas de investigación sobre desapariciones continuarán en el olvido. De acuerdo con Alejandro Hope: “Hay mucho voluntarismo y pensamiento mágico detrás del plan. Se asume, sin mucha evidencia empírica que, un combate genérico a la corrupción reduce en automático la actividad delictiva”.

Respecto a la Guardia Nacional (GN) aprobada de manera unánime por el Senado de la República, los 150 mil elementos que la conformarán, servirán para acotar y capturar a los delincuentes, y de esta manera poner fin a la persecución infructuosa, aseguró Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Comentó que para cuando haya concluido la reforma constitucional que dé sustento a la GN, deberá expedirse su ley secundaria y la norma de uso de la fuerza. Para entonces, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) deberá tener listos otros elementos jurídicos: manuales de organización, reglamentos y programas. Además, se formularán los acuerdos presidenciales para el paso del personal de las policías militar, naval y federal al nuevo cuerpo.

El objetivo de la GN –explicó– es contar con el número suficiente de elementos para tener una presencia permanente en las 266 regiones del país, de tal manera que en lugar de que los grupos criminales se desplacen, como reacción a los movimientos de las fuerzas policiales, como ocurre actualmente, queden acotados, controlados y judicializados. Lo único cierto es que la estrategia de combate directo a los grupos criminales con el despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el país y la persecución y captura de los líderes de los cárteles no ha rendido los frutos que se esperaban y solamente ha provocado su fragmentación en organizaciones más pequeñas que se disputan territorios de manera violenta.

No es presagio, pero el incremento continuo de la violencia indica que se requiere una estrategia mucho más amplia, que atienda tanto las causas como los síntomas de la ilegalidad. Una estrategia eficaz tendrá que analizar las múltiples dinámicas detrás de las violencias y la manera en que estas interactúan. La administración de Andrés Manuel López Obrador y su guardia nacional, tendrán que enfrentar el peor escenario de inseguridad que padecemos los mexicanos en la historia moderna del país.

 


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